Connacionales, lo de Vizcarra fue un golpe de Estado. Toda duda que aún quedaba del tema ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en su última sentencia, difundida el último lunes 19 de junio. En el 2019, el ex presidente disolvió el Congreso de forma ilegal, ya que no cumplió los requisitos para una disolución constitucional, y esto tuvo la consecuencia de que él concentre todo el poder. Según el artículo 134, el presidente puede disolver el Congreso si este ha negado dos veces la cuestión de confianza a dos Consejos de Ministros, una negación que debe ser formal, no implícita o “fáctica”.
Esta herramienta del Ejecutivo debe ser la ultima ratio ante la problemática que pudiese haber, pero queda claro que para Martín Vizcarra fue la primerísima ratio. El Congreso, en aquella tarde del 2019, no había votado todavía la cuestión de confianza, la cual tiene una exigencia de formalidad. Este hecho de no-votación fue interpretado como una “negación fáctica”, cuando el carácter que se le exige a la cuestión de confianza es formal, es decir, necesariamente debe haber un no votado por el Congreso.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 307/2023 establece que “solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”. Y que, por tanto, “(el) Poder Ejecutivo menoscabó las competencias del Congreso de la República al interpretar que la cuestión de confianza había sido denegada”. Ante esta situación, cabe reflexionar sobre el papel negativo de Martín Vizcarra en nuestra historia republicana, cómo utilizo su popularidad para avalar un claro ejercicio inconstitucional de sus competencias, a fin de concentrar el poder.
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