Es conocido por todos los ciudadanos que el Congreso de la República tiene como una de sus funciones la de fiscalizar, ejerciendo, constitucionalmente, el control político que dé un equilibrio a los demás poderes del Estado; nuestra Constitución Política define el mecanismo mediante el cual el parlamento ejerce esas funciones fiscalizadoras ante el Poder Ejecutivo, pudiendo ser, incluso, contra el presidente de la República.
Considero que es en ese rol fiscalizador que el Congreso de la República debería actuar de acuerdo a sus prerrogativas constitucionales, ante hechos en donde pudieran existir actos de corrupción; más aún si estos hechos involucran a la persona que ostenta el más alto cargo de nuestro país, como es el presidente de la República, con la única finalidad de esclarecer los hechos, dar tranquilidad y gobernabilidad, sobre todo en estos tiempos donde sufrimos una crisis económica, laboral y de salud a causa del Covid-19 que ya nos golpeó mucho como país.
Sin embargo, ante la vacancia presidencial por incapacidad moral presentada contra el señor Pedro Castillo por los hechos expuestos en diferentes medios de comunicación, la cual, con mucha pena, no estuvo correctamente fundamentada, se perdió una gran oportunidad para que el país entero conozca de la boca del mismo Señor Presidente la verdad de los hechos imputados y que estos no se queden en el aire con un tufillo de blindaje o componenda política, como ahora lo piensa la mayoría del país.
El Congreso al rechazar la admisión de la moción de la vacancia presidencial, nos negó la gran oportunidad para que el presidente de la República asista al Congreso a dar las explicaciones que todo el país está exigiendo y que, además, hubiera ayudado en gran medida a controlar la crisis política que hoy vivimos. Si el Congreso votaba a favor de la moción, no se vacaba al presidente, solamente se admitía a debate la vacancia para que pudiera ir a dar las explicaciones ante el Congreso de la República.
Hoy nos encontramos en un panorama más confuso que al inicio; finalmente el Congreso de la República claudicó de su rol fiscalizador y prefirió el confort, negando a todos los peruanos la gran oportunidad y el derecho de conocer la verdad; no sabremos qué pasó realmente y Pedro Castillo, más fortalecido políticamente gracias a las bancadas que lo apoyaron, seguirá haciendo “chanchita” para los niños pobres, guardando el dinero en los baños de Palacio de Gobierno, y reuniéndose en la casa de Breña para coordinar las “chocolatadas”, mientras la población seguirá pidiéndole al Congreso de la República las explicaciones del caso.
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