Boluarte se desligó de cualquier responsabilidad con respecto a las más de 60 muertes ocurridas durante las manifestaciones posteriores al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La presidenta Dina Boluarte emitió su declaración ayer ante Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, en relación a los fallecimientos ocurridos durante las protestas violentas de diciembre y enero pasados. La presidenta respondió a 22 preguntas, pero se negó a contestar las interrogantes planteadas por la Procuraduría General del Estado (PGE).
Boluarte dejó claro que solo atendería al Ministerio Público durante la diligencia. Al respecto, su abogado, Joseph Campos, afirmó al Diario Perú21 que la mandataria no daría su declaración si no estaba presente Benavides, quien es responsable de la investigación por delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La investigación contra Dina Boluarte por declaración falsa al JNE es archivada por la fiscalía De acuerdo con las fuentes, las preguntas de la Fiscalía buscaban determinar si la gobernante había ordenado el uso de armas contra los manifestantes, lo cual resultó en la muerte de varias personas. La respuesta fue negativa.
La presidenta también se amparó en el hecho de que el Consejo de Ministros aprobó los planes operativos utilizados por las fuerzas del orden para enfrentar a los manifestantes agresivos y pacificar el país.
En resumen, Boluarte se desligó de cualquier responsabilidad con respecto a las más de 60 muertes ocurridas durante las manifestaciones posteriores al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Después de la intervención de la fiscal Benavides, Omar Rojas, representante de la PGE, esperaba formular sus preguntas. Sin embargo, la defensa de la presidenta se opuso.
Joseph Campos argumentó que la Procuraduría no tenía derecho a participar, al igual que los abogados de las víctimas, y que su representada no respondería.
Ante esto, Rojas recordó que la Corte Suprema había autorizado a la Defensa del Estado a interrogar a la mandataria y al primer ministro Alberto Otárola, otro de los investigados. Por esta razón, la Fiscalía permitió las preguntas, pero Dina Boluarte no las contestó.
Las preguntas preparadas por la PGE buscaban conocer las acciones realizadas por Boluarte para prevenir más muertes después de los primeros enfrentamientos fatales entre la Policía y las Fuerzas Armadas.
Luego, Campos explicó las razones de esta postura. "Uno guarda silencio cuando se defiende para evitar autoinculpación, pero declaramos que no responderíamos las preguntas porque no se responde a quien no se debe", afirmó.
El abogado adelantó que, una vez finalizada la etapa de interrogatorios a testigos e investigados, solicitará que su defendida sea excluida del proceso penal.
"Esta investigación no tiene sentido, acusar a la presidenta de la República de genocidio es una locura. El genocidio implica la intención de exterminar a un grupo por lo que es, no por lo que hace; por eso este delito es étnico, racial o religioso",
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