Introducción
Hace tres meses, tuve el privilegio de asistir junto con algunos compañeros de la universidad a la tercera sesión del seminario "Configuración y Ejercicio del Poder en el Perú del siglo XXI", organizado por el Instituto de Estudios Peruanos. En este evento, el investigador Raúl Asensio inauguró la mesa con una conferencia titulada "Poder y Territorio en el Perú Rural". Tomando los casos de Chumbivilcas, Jauja, Ica y Datem del Marañón, Asensio exploró cómo el poder se configura en estos territorios, así como el papel crucial que desempeñan los actores locales y externos en este proceso.
Como es típico en este tipo de eventos, no fueron tanto los resultados de la investigación lo más esperado, sino la discusión posterior que se generaría en torno a ellos. De hecho, surgieron algunas críticas a la investigación, pero sobre todo inquietudes por parte del público asistente. Entre todas las preguntas planteadas, una destacó notablemente: ¿cuál era el papel de las economías ilegales en la configuración del poder en estas regiones? ¿Existía alguna conexión entre los actores locales o externos y estas actividades ilegales?
Cuando tomó la palabra, Asensio reconoció que, si bien el fenómeno de las economías ilegales no estaba dentro del alcance directo de su investigación, el equipo encargado del proyecto no pasó por alto su presencia en cada una de las provincias estudiadas. Sin embargo, debido a que no era el foco de su estudio, no pudieron determinar en qué medida estas actividades ilícitas influían en la configuración del poder en dichas áreas. Antes de cambiar de tema, Asensio alentó a los estudiantes a investigar esta problemática, que estaba en boca de todos, no solo de la ciudadanía y las autoridades, sino también de la Academia, desde diversas perspectivas. Y como alguien señaló más tarde en el evento, la ilegalidad ha sido abordada desde enfoques jurídicos, sociales y económicos, pero no tanto desde una perspectiva política o cultural, lo que representa, hasta cierto punto, una brecha en nuestro conocimiento.
Sin embargo, es crucial señalar que las economías ilegales no siempre están vinculadas al crimen organizado; en ocasiones, la categorización de "ilegal" puede incluir actividades económicas de comunidades en proceso de formalización. No obstante, es razonable suponer que una parte significativa de estas actividades sí están asociadas al crimen organizado. Teniendo esto en cuenta, es pertinente enfocarnos en las organizaciones criminales: ¿cuál es su relación con la política? ¿Por qué la violencia perpetrada por estas organizaciones es tan despiadada? ¿Qué riesgos representa la expansión de estas agrupaciones para la ciudadanía y la democracia?
2. El crimen organizado, un fenómeno –sobre todo– político
Durante años, los grupos del crimen organizado fueron percibidos, incluso desde el ámbito académico, como entidades privadas que operaban en mercados ilícitos, es decir, como actores no estatales. Bajo esta perspectiva, se consideraba que el crimen organizado actuaba al margen del Estado, ocasionalmente corrompiendo a sus representantes, pero sobre todo buscando su eliminación debido a intereses opuestos: mientras que los criminales aspiraban a desmantelar el Estado para poder operar con total “libertad”, este último intentaba erradicar a los delincuentes por representar una amenaza para la ciudadanía. Sin embargo, en muchas ocasiones se pasó por alto la posibilidad de que el Estado y el crimen organizado pudieran coexistir e incluso cooperar.
Esta concepción del crimen organizado se desarrolló principalmente debido a que muchas teorías que buscaban explicar este fenómeno se basaban en la realidad de países altamente industrializados, donde los Estados son más fuertes y eficaces. Sin embargo, esta noción, enraizada en una perspectiva weberiana sobre las funciones y naturaleza del aparato estatal, se está superando de forma gradual, especialmente en el contexto de América Latina, donde las características estatales son distintas.
De manera similar, la perspectiva de que el crimen organizado opera exclusivamente en áreas donde el Estado está ausente está siendo gradualmente desechada. El reconocido politólogo argentino Guillermo O’Donnell introdujo el concepto de "zonas marrones" para describir las regiones donde el Estado carece de control, lo que facilita el surgimiento de actores clandestinos que eventualmente pueden tomar el control del territorio, estableciendo así soberanías paralelas. A pesar de ello, considero que la perspectiva de O’Donnell sigue siendo relevante, especialmente en el contexto peruano, donde el Estado claramente es incapaz de ejercer control sobre muchas partes del territorio. Sin embargo, esta perspectiva no explica completamente el fenómeno, ya que hay numerosos casos donde el Estado está presente e incluso coopera con las organizaciones criminales.
En su libro "Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras criminales en México" (2022), los investigadores Guillermo Trejo y Sandra Ley proponen una teoría política para comprender el surgimiento y la naturaleza de las organizaciones del crimen organizado, así como los factores que perpetúan su existencia. Ambos argumentan que el crimen organizado tiene una base principalmente política, ya que su supervivencia depende de la protección del Estado. Además, sostienen que tanto el crimen organizado como una fracción corrupta del Estado operan en lo que llaman la "zona gris", un área donde sus intereses se superponen y las actividades delictivas se llevan a cabo. Sin embargo, matizan su esquema al afirmar que el Estado tiene dos caras: una íntegra y otra corrupta; y lo mismo sucede con la criminalidad, donde existe un crimen común, desvinculado del Estado, y un crimen organizado, que ha establecido alianzas con las autoridades y funcionarios estatales.
La propuesta teórica de Trejo y Ley es innovadora por dos razones: en primer lugar, clasifican el crimen no según su estructura organizativa, como hacen las teorías clásicas, sino según su relación con el Estado. En segundo lugar, argumentan que el crimen organizado solo puede prosperar cuando cuenta con el respaldo estatal, lo que implica que el apoyo del Estado es fundamental para su existencia, desafiando así la noción de que son actores privados en su totalidad.
Por tanto, sería prudente dar mayor atención a las perspectivas que enfatizan la variable política del crimen organizado. Quién sabe, tal vez de esta manera podamos obtener una comprensión más completa de la naturaleza de este fenómeno y por qué las autoridades son tan ineficaces al tratar el problema.
3. La violencia no solo busca proteger mercados
Una de las características más impactantes del crimen organizado, que intriga a los investigadores y aterroriza a la ciudadanía, es la violencia desmedida que estos grupos emplean, una violencia que lamentablemente se ha extendido por toda la región. Aunque hay diversos factores que explican este fenómeno, resulta crucial comprender la dinámica de los mercados ilegales, como argumenta Lucía Dammert en una reciente investigación.
En América Latina, se desarrollan todas las etapas del mercado ilegal: producción, tráfico y consumo. Aunque existen pocas investigaciones sobre la dinámica de estos mercados, hay evidencia de que suelen ser relativamente pacíficos. Entonces, surge la interrogante: ¿cuándo y por qué aparece la violencia? En primer lugar, la violencia emerge cuando estos mercados enfrentan amenazas, ya sea por la intervención del Estado o la competencia de otras organizaciones criminales. Sin embargo, hay un factor aún más intrigante que trasciende la mera perspectiva económica.
En su obra "Para una teología política del crimen organizado" (2023), el antropólogo Claudio Lomnitz argumenta que los grupos del crimen organizado, al igual que cualquier comunidad en el mundo, operan según sus propios códigos, incluyendo una moralidad distinta. Si bien algunos actos violentos, como el asesinato, pueden estar motivados por la defensa de intereses o la imposición de castigos, existen prácticas atroces, como la tortura, la violación o incluso el canibalismo, que van más allá de una lógica económica o punitiva y se adentran en la esfera de lo simbólico. Algunas bandas del crimen organizado buscan transgredir la moralidad dominante a través de estas prácticas, y esta dinámica es fundamental para comprender no solo el aumento de la violencia, que como ya hemos mencionado se vincula a la dinámica de los mercados, sino también la brutalidad de sus acciones, que encuentran sus raíces en elementos culturales.
4. La legitimidad muere; la democracia también
Como queda evidente, los daños causados por las actividades del crimen organizado no se limitan, ni siquiera principalmente, al ámbito del crecimiento y desarrollo económico. Si bien es cierto que los mercados ilegales distorsionan la economía formal y generan una competencia desleal, además de provocar gastos considerables para los estados en la elaboración de políticas y estrategias antidelictivas (que, como hemos visto, suelen ser poco efectivas), sus acciones también resultan en una mayor fragmentación social y erosionan la legitimidad de las instituciones públicas, ya sea cuando estas están involucradas con el crimen organizado o cuando fallan en combatirlo de manera eficaz. Esto, a su vez, desencadena una crisis en la calidad de la democracia. Entonces, es crucial entender que la dinámica del crimen organizado no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva económica, sino que también requiere un análisis político y cultural profundo. Hasta que no abordemos este fenómeno desde múltiples ángulos, será difícil obtener resultados significativos en la lucha contra el crimen organizado.
Comments