Desde hace casi dos meses los peruanos vivimos un colapso de esta crisis sociopolítica que solo Dios sabe cuántos años tiene. Este colapso empezó cuando juramentó legítimamente Dina Boluarte después de que el Congreso vacara, bajo norma de la Constitución, al golpista Pedro Castillo. Ciudadanos de distintas partes del Perú empezaron a manifestar su descontento hacia la ahora presidenta Boluarte, sin embargo, una violenta fracción de esos manifestantes empezó a atentar contra la vida: muerte, saqueos, daños a la propiedad, enfrentamientos con piedras y bloqueos de carreteras. Muchos emprendedores han perdido su trabajo, y el país ha dejado de percibir 1 300 millones de soles, pero la única pérdida trágica es cada vida de los 53 peruanos que han fallecido, a causa de esa violencia que viene acompañada de un miedo injustificado.
Una madre arequipeña declaró a las cámaras de Latina Televisión que su hija no regresaba del colegio, y temía que haya sido violentada por la turba de manifestantes. Días antes, el puneño José Luis S. Quispe realizaba un patrullaje en Juliaca horas antes de morir quemado vivo, en manos de otros puneños manifestantes. ¿No eran estos últimos aquellos que reclaman sus derechos? Qué paradójico es reclamar el derecho mediante la muerte del compatriota, es decir, vulnerando esos derechos que sales a “defender”. El porqué de la violencia y la muerte resulta indignante: ¿Acaso es un intento de asustar a la población? ¿Cada vida lanzada es una reforma hecha? Sea cual sea la razón, hay algo claro: nada justifica la violencia de las marchas, ni siquiera la desigualdad peruana. Porque la injusticia social ha sido el pretexto para cometer los peores crímenes de la historia.
La injusticia que ha vivido la ciudadanía peruana durante años es innegable: los colegios carecen de infraestructura, la salud pública es ineficiente, la inseguridad es mayor cada día. En resumen, el Estado es grande, pero tremendamente ineficiente, y ha olvidado que el peruano más afectado es el que más carece de recursos. Por ello hay peruanos que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica sin armas ni violencia reconocido en la Constitución. Sin embargo, este derecho termina cuando vulneran la vida ajena, e inmediatamente se convierte en un delito. Lo que está pasando en Perú es que hay manifestantes que no respetan este límite, y en consecuencia desmeritan los reclamos legítimos hacia el Estado ineficiente.
Ante esta situación, la nueva generación política conformada generalmente por jóvenes, ha adquirido un deber: estudiar los problemas estructurales para resolverlos. Será obligación nuestra llenar el Estado de políticos eficientes con capacidad para administrar los recursos, acabar con el populismo y evitar que otro político con sed de poder absoluto, como Pedro Castillo, llegue al poder. Porque es innegable que haya injusticia en nuestro país, pero esta no es pretexto para incendiar patrimonio nacional o, incluso, quemar vivo a otro peruano, como si de un animal se tratara.
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