La posible decisión de la presidenta Dina Boluarte de reemplazar al actual directorio de Petroperú para reinstaurar a funcionarios previamente cuestionados no solo es un error, sino también un serio retroceso para una empresa que ya enfrenta dificultades extremas. Si esta medida se concreta, condenará a Petroperú a repetir los errores del pasado, perpetuando una gestión que ha demostrado su ineptitud en múltiples ocasiones.
Los nombres que se barajan como posibles sustitutos en la dirección y gerencia de Petroperú son figuras conocidas, no por sus logros, sino por los fracasos acumulados en sus anteriores gestiones. Petroperú no puede continuar siendo un pozo sin fondo para las arcas públicas, donde cada rescate financiero adicional solo prolonga la agonía de una empresa que debería ser autosuficiente y rentable.
La gestión del actual directorio, encabezado por Oliver Stark, ha dejado en claro las escasas opciones que le quedan a Petroperú: una reestructuración profunda o seguir por el mismo camino que la ha llevado al borde del colapso financiero. Persistir en la segunda opción, es decir, continuar inyectando fondos públicos sin cambiar de estrategia, sería un error garrafal con consecuencias devastadoras para las finanzas del país.
No debemos olvidar que los problemas financieros de Petroperú no comenzaron con el gobierno de Pedro Castillo, aunque se agravaron bajo su mandato. Desde la administración de Ollanta Humala, se intentó modernizar la empresa, pero los resultados han sido desastrosos. La inversión en la refinería de Talara, que inicialmente se estimó en 1,334 millones de dólares y ahora ha escalado a 6,530 millones, es un ejemplo claro de esta mala gestión. A junio de este año, el pasivo de la empresa ha alcanzado la alarmante cifra de 8,470 millones de dólares, una suma que podría haberse utilizado para abordar necesidades urgentes en salud y educación en todo el país.
Es necesario romper este círculo vicioso. La fuga de recursos fiscales debe detenerse, y para ello es crucial que Petroperú sea administrada por expertos independientes de intereses políticos. La participación del sector privado, tanto nacional como internacional, es una opción que se debe considerar, siempre y cuando no se comprometa el control del Estado sobre la empresa.
El panorama es desalentador, pero la quiebra de Petroperú sería la peor consecuencia. Si existen opciones viables de reestructuración, debemos aprovecharlas, pero con transparencia y sin ocultar la verdad al pueblo peruano. Petroperú necesita urgentemente un nuevo enfoque, y ese cambio no llegará reinstalando a quienes ya han demostrado su ineptitud. El Perú no puede permitirse más de lo mismo.
Commenti