La destitución de Javier González-Olaechea de la Cancillería peruana ha generado un amplio debate sobre los verdaderos motivos detrás de esta decisión. A pesar de ser uno de los ministros con mayor aprobación en el gabinete (48%, según CIT), su salida parece estar vinculada a diferencias irreconciliables con la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén
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Según periodistas y sus “fuentes cercanas al Ejecutivo”, las tensiones surgieron principalmente por la falta de coordinación en la política diplomática hacia Venezuela, un país que ha sido un foco de controversia en la política exterior.
González-Olaechea ganó reconocimiento por su postura firme en oposición al régimen de Nicolás Maduro, mostrando un valiente rechazo al gobierno autoritario y corrupto de Venezuela. En su exposición ante la Organización de Estados Americanos (OEA), defendió una postura crucial para la región, estableciendo un importante precedente que Perú debería mantener. La postura de Perú contra el régimen de Maduro no solo marcó un hito en la política exterior, sino que también subrayó la relevancia de abordar el problema venezolano como una cuestión crucial para Sudamérica en su conjunto.
Como era de esperarse, comenzó a correr información relacionada con el pasado y futuro de González-Olaechea, dándose a conocer su inscripción como militante del Partido Popular Cristiano (PPC). Esto ha suscitado especulaciones sobre sus aspiraciones políticas futuras, poniendo sobre la mesa la carta de una posible candidatura en las elecciones de 2026. Lo que es seguro es que la salida de González-Olaechea del gabinete Adrianzén en este contexto fortalecerá su imagen como un político comprometido con principios democráticos.
El contraste entre González-Olaechea y su sucesor, Elmer Schialer, es evidente. Mientras que González-Olaechea adoptó una postura crítica y valiente frente al régimen de Maduro, para su mala suerte, Schialer, en su primera y más importante declaración ante la prensa, manifestó que "los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los propios venezolanos". Esta postura ha generado una fuerte reacción tanto en la opinión pública como en el Congreso. Se ha solicitado su inmediata presencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para que explique dichas declaraciones, y en acto más agresivo, han exigido la destitución de Schialer, argumentando que su postura refleja una falta de compromiso con la defensa de los derechos humanos y una preocupante suavidad hacia el régimen de Maduro.
La decisión de reemplazar a un canciller con altos niveles de aprobación, estando a puertas de iniciar APEC, donde la participación de González-Olaechea hubiera sido bastante sumatoria, puede interpretarse como una maniobra política más que una cuestión de gestión. El actuar de la actual administración en temas de política exterior, siendo más específicos: con Venezuela, parece reflejar un giro hacia una mayor sintonía con el régimen del dictador Nicolás Maduro. Para quienes protegemos y deseamos vivir en democracia, este cambio podría ser interpretado como un gesto para suavizar las relaciones con un gobierno autoritario, planteando interrogantes sobre las verdaderas intenciones de la presidenta Boluarte y su gabinete.
En última instancia, la salida de González-Olaechea puede ser vista como un esfuerzo por parte del Ejecutivo para alinear la política exterior de Perú con intereses que priorizan la estabilidad regional sobre la defensa de los valores democráticos. Este movimiento, sin embargo, podría tener repercusiones significativas en la política interna, especialmente si González-Olaechea decide postularse en las elecciones de 2026. Lo que sí, su salida no solo marca el fin de una etapa en la Cancillería, sino que también reabre el capítulo de confrontación entre la Cancillería peruana y el bloque fuerte del Parlamento.
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