La delincuencia en el Perú ha llegado a uno de sus puntos más críticos, lo que ha generado como gesto en búsquedas de soluciones a esta crisis, la propuesta de proyecto de ley que propone darle luz verde a la pena de muerte para sicarios y extorsionadores como una solución extrema al caos que vive el país. Sin embargo, aunque el miedo y la indignación ante la criminalidad son totalmente entendibles, es importante reflexionar sobre las implicancias de aprobar una iniciativa tan radical y analizar la verdadera capacidad del Estado peruano para implementar con éxito este tipo de políticas.
El Proyecto
Esta iniciativa, que plantea la pena de muerte para crímenes muy graves, como el sicariato y la extorsión, surge en un contexto donde los ciudadanos están exasperados ante la creciente inseguridad. Sin embargo, aplicar esta medida sería no solo ineficaz, sino también inconstitucional. El Perú es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la pena de muerte salvo en circunstancias excepcionales como los crímenes cometidos en tiempos de guerra.
Para poder aplicar la pena capital, algunas partes han propuesto que el país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero esta opción no solo sería inviable sino también perjudicial. En una nación con problemas graves en su sistema judicial y donde se han registrado graves errores y condenas injustas, agregar la pena de muerte a la lista de sanciones legales sería extremadamente peligroso. El gobierno no planea retirarse de la CIDH, según le informó hace días el Ministro de Justicia a el diario El Comercio.
La Ineficiencia del Sistema Judicial
Cualquier propuesta para combatir la criminalidad debe partir de una verdad incuestionable: el sistema de justicia en el Perú es profundamente deficiente. La falta de coordinación entre los diferentes poderes del Estado, sumada a la falta de voluntad política para priorizar reformas judiciales, son factores críticos que podrían determinar el éxito o fracaso de cualquier iniciativa.
Un informe de La República en 2023 reveló que más del 85% de los delitos graves denunciados en el país no llegan a una sentencia condenatoria, lo que refleja un grave problema de capacidad y eficiencia en la administración de justicia. Por otro lado, datos de El Comercio indican que el 70% de los reclusos en las cárceles peruanas aún no han sido sentenciados, lo que implica que muchos inocentes podrían estar privados de su libertad de forma indebida.
En este contexto, aprobar la pena de muerte sería una medida irresponsable que, lejos de solucionar el problema de la criminalidad, podría agravar las injusticias. Un sistema judicial que no puede garantizar juicios justos y eficaces no está preparado para manejar una sanción tan definitiva como la muerte.
Cadena Perpetua: Una Alternativa Viable
En lugar de la pena de muerte, una medida más adecuada sería la imposición de la cadena perpetua para delitos especialmente graves como el sicariato y la extorsión. La cadena perpetua permitiría asegurar que los criminales peligrosos no regresen a las calles, sin el riesgo de condenar a personas inocentes a un destino irreversible.
Además, esta alternativa no supondría un conflicto con los tratados internacionales de derechos humanos, permitiendo que el Perú continúe respetando sus compromisos internacionales sin retroceder en la protección de las libertades fundamentales.
Pero para que cualquier medida, incluida la cadena perpetua, sea efectiva, es esencial que los diferentes poderes del Estado trabajen de manera sincronizada. Sin una mejor coordinación entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, y sin una firme voluntad política para priorizar reformas urgentes en el sistema de justicia, cualquier iniciativa contra la criminalidad, por bien intencionada que sea, está destinada al fracaso.
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