En menos de un mes, el Perú ha vivido dos paros nacionales encabezados por más de 200 gremios que exigen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad. Transportistas, comerciantes, docentes y otros sectores se han unido, reflejando el agotamiento de una población que se siente desprotegida por el Estado. Las pérdidas económicas ya superan los 150 millones de soles, afectando gravemente el comercio, el transporte y la educación.
Aunque las Mendozas y los Guzmanes, que nunca faltan cuando surge una protesta, han intentado capitalizar políticamente estas demandas ciudadanas, el malestar es legítimo y proviene de ciudadanos que viven bajo la amenaza diaria de la delincuencia. El comerciante extorsionado, el transportista que teme a los sicarios y el ciudadano común sienten que el Estado ha fallado en su responsabilidad de protegerlos. Los paros no son solo una expresión política, sino una manifestación de una sociedad harta de la violencia y de la falta de respuestas efectivas.
A esto se suma un sistema judicial que no solo no frena la criminalidad, sino que parece facilitarla. Casos recientes de liberación de delincuentes capturados en flagrancia alimentan la sensación de impunidad. La población se siente abandonada por las autoridades que deberían garantizar su seguridad.
Desde el Congreso se han promovido leyes que endurecen las penas contra la delincuencia organizada y buscan reformar un sistema ineficaz, a esto restemos la inacción del Ejecutivo, que ha sido insuficiente. No hay un plan concreto para enfrentar la crisis de inseguridad. Las declaraciones y promesas no han sido acompañadas de un esfuerzo coordinado ni de una estrategia integral que aborde el problema de fondo. No se trata solo de aumentar patrullajes, sino de mejorar la inteligencia, equipar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y reformar profundamente las instituciones de justicia.
Entre las medidas que podríamos decir ayudarán como planificación a largo plazo para combatir la delincuencia destacan: la modificación de la Ley 32108 para reforzar la lucha contra el crimen organizado, la cadena perpetua para extorsionadores y sicarios, y la eliminación de la inimputabilidad de menores de 16 y 17 años involucrados en delitos graves. Sin embargo, ninguna de estas medidas tendrá impacto si el Ejecutivo no actúa con decisión y presenta un plan integral para aplicar las leyes aprobadas.
El Perú no puede seguir bajo el yugo de la inseguridad. Los ciudadanos exigen soluciones reales, no más excusas ni promesas vacías.
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