El reciente caso del congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien fue suspendido por 30 días luego de tener expresiones machistas contra su colega y excompañera de bancada, Patricia Juárez, ha puesto en punto de debate la urgencia de evaluar, y así mejorar el proceso de sanciones que se aplican en el Congreso. Aunque la Comisión de Ética Parlamentaria tiene la función de estudiar y exhortar a que los congresistas cumplan con su investidura y no infrinjan las reglas de conducta, lastimosamente los resultados muchas veces generan dudas sobre la eficacia de las sanciones impuestas.
Desde su creación en 2002, la Comisión de Ética ha tenido la autoridad de aplicar cuatro tipos de sanciones: recomendación pública, amonestación escrita pública, amonestación escrita pública con multa, y suspensión del ejercicio del cargo con descuento de haberes. No obstante, durante los 22 años de funcionamiento, solo son 32 los casos que han demostrado sanciones que se podrían calificar como ejemplares, lo que indica una falta de eficacia en comparación con la cantidad de infracciones denunciadas.
Durante estos años, los números evidencian que, entre los años 2006 y 2011, 11 congresistas fueron suspendidos, al igual que en el periodo 2011-2016. Siendo estos los quinquenios con la mayor cantidad de sanciones por irregularidades. Pero entre 2020 y 2021, solo hubo un sancionado, y desde 2021 hasta la fecha, tres congresistas han recibido sanciones. Estas cifras nos dejan en sinsabor de que, en muchos casos, las sanciones no son dadas con la severidad requerida, lo que sería necesario para restaurar la confianza de los ciudadanos.
Casos como el del excongresista Michael Urtecho, quien fue desaforado tras ser el primer “mochasueldo”, y posteriormente condenado a 22 años de cárcel; y las recientes amonestaciones leves a parlamentarias como Rosío Torres y Magaly Ruiz, demuestran que las sanciones no siempre son proporcionales a las faltas cometidas. Por ejemplo, en la última sesión del Pleno, Torres, quien inicialmente iba a ser suspendida por 120 días, terminó solo con una amonestación pública, ¿por qué? Esto solo que pone en duda el verdadero alcance de la Comisión de Ética.
Es en este contexto que se debe replantear -porque ya ha sido propuesta con anterioridad- la necesidad de reestructurar la Comisión de Ética. En un reportaje para Latina, Percy Medina, representante en el Perú de IDEA Internacional, señala que la idea de integrar expertos independientes tiene sentido. Propuestas como la de recurrir a exparlamentarios o expertos en ética permitirían que las sanciones sean decididas con mayor objetividad y transparencia, alejando estas decisiones del ambiente político del día a día en el Congreso.
Pero a esto debemos imponer la urgencia de contar con una voluntad política desde el mismo Congreso para permitir esta reforma. Los propios congresistas deben comenzar a entender que las acciones que más los alejan de la ciudadanía son las que no dan signos de credibilidad.
Es crucial que este cambio sea una prioridad para el periodo 2024-2025. Los propios parlamentarios tienen la responsabilidad de tomar decisiones que estarán bajo el escrutinio público, demostrando si están comprometidos con mejorar la imagen y el funcionamiento de la institución.
La reestructuración de la Comisión de Ética no solo es por cuestión de eficiencia, sino también de legitimidad. Un Congreso que busca restaurar la confianza de la ciudadanía debe asegurarse de que sus sanciones sean proporcionales y justas, y que quienes cometen faltas graves enfrenten consecuencias reales. La integración de expertos externos puede ser un paso clave para lograrlo y asegurar que la ética parlamentaria no sea un mero formalismo, sino una práctica constante en la vida política del país.
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