La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre supuestas violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, este informe contenía algunas afirmaciones falsas o inexactas con respecto a la economía del país, según tres expertos consultados por el diario Perú21.
En el informe se afirmaba que la economía peruana se basa principalmente en un modelo extractivista que no ha contribuido significativamente a reducir la desigualdad ni ha traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Pero el exviceministro de Economía, Carlos Casas, argumentó que esta afirmación es falsa. Señaló que la actividad extractiva, que incluye la minería y los hidrocarburos, solo representa el 14% del PBI peruano, mientras que el 85% está relacionado con otros sectores como la manufactura y el comercio.
Con respecto a la desigualdad, el exviceministro dijo que su estudio demostró que la minería reduce temporalmente la desigualdad. Además, indicó que el 50% de la renta que genera la minería y que recauda el Estado se destina a los gobiernos locales y las municipalidades, que son los encargados de buscar reducir la desigualdad.
El informe de la CIDH también afirmaba que el modelo extractivista incluye concesiones a largo plazo con beneficios tributarios, lo que ha sido una fuente de conflictividad social histórica. Pero Casas señaló que la presión tributaria sobre las empresas extractivas en Perú es similar a la de otros países como Canadá, Australia o Chile. Además, el Estado retiene alrededor del 50% de la renta que genera la minería.
El economista Iván Alonso agregó que los beneficios a los que se refería el informe eran la depreciación acelerada de inversiones mineras, que se aplica a otros sectores, y los contratos de estabilidad. Pero aclaró que no se cobra menos impuestos a las mineras, sino que se establece un contrato de estabilidad para que las condiciones del régimen contractual no cambien.
El informe también afirmaba que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en áreas rurales habían sido los más afectados por los pasivos ambientales de las industrias extractivas. Pero Anthony Laub, experto en temas energéticos y de hidrocarburos, señaló que el Perú es uno de los países con mayor regulación ambiental sobre este tipo de actividades. Aseguró que al menos cuatro entidades públicas se encargan de supervisar el cumplimiento de la regulación ambiental en este sector.
Alonso coincidió en que cada caso de presunta contaminación debe ser observado, pero destacó que las empresas mineras de los últimos años cuentan con estándares más exigentes. En general, estos expertos sugieren que el informe de la CIDH contenía algunas afirmaciones inexactas o falsas con respecto a la economía peruana y el impacto de las industrias extractivas en el país.
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