Se busca implementar Unidades de Flagrancia en diversas localidades
El Gobierno ha dado luz verde al Decreto de Urgencia 034-2023, que establece medidas excepcionales en el ámbito económico y financiero. Su propósito es reforzar y poner en marcha las unidades especializadas en la detección de delitos en flagrancia, además de incluir otras disposiciones relevantes.
El decreto tiene como objetivo la implementación de acciones inmediatas y cruciales en el ámbito de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada. Esto se hace necesario en vista del aumento de la actividad delictiva tanto común como organizada en determinadas zonas, como San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres (Lima), así como los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa (Sullana – Piura), que fueron declarados en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo 105-2023-PCM.
Para llevar a cabo estas acciones, se autoriza la reasignación de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, por un monto de 111 millones 659,275 soles. Estos fondos se destinan a diversos entes del Gobierno Nacional y gobiernos locales.
Esta transferencia de recursos permitirá la puesta en marcha inmediata de Brigadas Especiales Contra el Crimen Organizado a cargo de la Policía Nacional del Perú. Además, se brindarán mayores recursos logísticos a los Departamentos de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Sullana, así como a las Comisarías de estos distritos. También se beneficiarán la Oficina de Criminalística de Piura, la Unidad Funcional de Criminalística de San Juan de Lurigancho, la División de Policía Judicial y Requisitorias, y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú.
Adicionalmente, se contempla la contratación y asignación de nuevos defensores públicos y personal de apoyo judicial, la creación de Unidades de Flagrancia Delictiva, y la implementación de servicios de patrullaje municipal y videovigilancia bajo la responsabilidad de los gobiernos locales de los distritos en estado de emergencia.
El decreto también autoriza la contratación de personal en entidades del Gobierno Nacional y gobiernos locales, estableciendo disposiciones específicas en cuanto a procedimientos de contratación estatales.
Por último, se establece que hasta el 30 de enero de 2024, los ministerios del Interior y Justicia, junto con el Poder Judicial, deberán remitir a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas informes mensuales que detallen las intervenciones realizadas, el número de detenidos, el tipo de delito y su relación con la Ley contra el Crimen Organizado, con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la información.
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