El escándalo de los relojes Rolex, junto con aretes de oro y una pulsera Bangle, ha dominado el debate político de este año. La confrontación entre el Ministerio Público, el Ejecutivo y el Congreso ha escalado, especialmente tras la denuncia constitucional presentada por el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte. Se le acusa de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, un delito sancionado en el artículo 394 del Código Penal.
Según la denuncia, Boluarte habría recibido sobornos de su amigo y aliado político, Wilfredo Oscorima Peña, gobernador regional de Ayacucho. Estos sobornos se habrían materializado en la firma de decretos supremos y de urgencia por más de 194 millones de soles para financiar 44 obras, principalmente de ingeniería civil.
El escándalo estalló el 14 de marzo de 2024, cuando el youtuber Marco Sifuentes reveló que Boluarte poseía 14 relojes Rolex, cifra que al día siguiente aumentó a 15. El 18 de marzo, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación emitió una disposición para iniciar diligencias preliminares contra Boluarte, con un plazo de sesenta días.
El lunes pasado, la crisis se intensificó con la denuncia constitucional derivada de la carpeta fiscal N° 5668-2024. Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, anunció que esta denuncia se tratará en la próxima sesión del grupo de trabajo, programada para el próximo martes. Según Camones, la denuncia llegó tarde a la Mesa de Partes del Legislativo, ya con la agenda establecida para la sesión de este martes.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó la denuncia desde Canal N, calificándola como una "persecución sistemática, indebida, inconstitucional e ilegal" contra la presidenta. Adrianzén afirmó que, tras un procedimiento de 60 días sin pruebas concluyentes, la investigación se amplió de manera indebida por ocho meses más.
En este contexto, con un rumor de una nueva denuncia constitucional relacionada con las muertes ocurridas tras el golpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el Gobierno enfrenta una fuerte oposición. Con solo un 5% de apoyo popular según la ONG IEP, Adrianzén solicitó al Tribunal Constitucional que se pronuncie definitivamente sobre las causales que justifican la investigación.
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