Un Tsunami de Gastos: Desde 2013, la Contraloría Revela un Despilfarro Millonario en Consultorías mientras Necesidades Nacionales se Empantanaban
Millones bajo la lluvia: Un reporte de la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República ha revelado que entre 2013 y 2022, el Estado ha gastado una suma total de 46,783 millones de soles en consultorías, asesorías y conceptos similares.
Todo esto tiene su origen en la administración de Ollanta Humala, en la que se modificó la Ley de Contrataciones del Estado para aumentar el límite de las contrataciones de tres a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Esto, según un experto consultado, permitió favorecer a intereses privados en lugar de priorizar los intereses nacionales.
En la práctica, a lo largo de los años, el número de consultorías aumentó progresivamente.
Después de la época de Humala, la tendencia continuó durante la gestión de Pedro Pablo Kuczysnki, se mantuvo en el gobierno de Martín Vizcarra y persistió incluso durante el régimen transitorio de Francisco Sagasti. Incluso, el gobierno destituido de Pedro Castillo no fue la excepción y el gasto en este ámbito siguió en aumento.
Los números demuestran que, en 2013, el Gobierno Central tuvo mayores gastos en estos servicios en comparación con los gobiernos locales y regionales. Esta tendencia se repitió de 2014 a 2019. En 2020, se registró una pequeña disminución debido a la priorización de la respuesta a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en 2021 y 2022, los gastos en consultorías volvieron a incrementarse.
Según el informe, estos gastos se distribuyeron en consultorías (33,079 millones de soles), conceptos similares a la consultoría (11,481 millones de soles) y consultoría general (2,223 millones de soles), totalizando 46,783 millones de soles. Esta cifra representa el 10% del monto destinado a la contratación de 653,794 proveedores durante la última década (482,816 millones de soles).
Los datos señalan un crecimiento constante en el gasto, a excepción de 2020 debido a la atención prioritaria de la emergencia sanitaria. En años subsiguientes, la tendencia fue diferente. Por ejemplo, en 2021, durante la presidencia de Castillo, se ejecutaron 6,015 millones de soles en gastos de este tipo. Al año siguiente, en 2022, esta cifra aumentó a 6,655 millones de soles. En total, ambos años sumaron 12,670 millones de soles en gastos de consultoría.
El informe concluye que el gasto en "Consultorías y similares" se mantuvo constante y en aumento año tras año durante un período de 10 años en todos los niveles de gobierno, siendo el Gobierno Nacional el que tuvo el mayor gasto promedio por proveedor.
Las cifras demuestran que la categoría de "Consultoría de obra" fue la que representó el mayor gasto, utilizada para la elaboración de expedientes técnicos o la supervisión de obras, es decir, para actividades de inversión más que para la ejecución de las obras en sí.
En una primera estimación, el gasto de 46,783 millones de soles equivale al 21% del presupuesto anual aprobado para ese año (214,790 millones 274,052 soles).
Con el dinero gastado en consultorías entre 2013 y 2022, se podría haber cubierto el salario básico de todos los ciudadanos peruanos durante un año y tres meses.
En relación con esto, Mónica Yaya, ex presidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), destacó al diario Correo que el dinero gastado en consultorías "innecesarias" podría haberse utilizado para salvar vidas de niños abandonados por el Estado en los alrededores de hospitales públicos. Señaló que esa cantidad podría haber financiado hospitales para combatir el cáncer en niños y adultos.
Yaya sostiene que los gastos en consultorías son perjudiciales para el Estado y que la norma fue desnaturalizada desde el gobierno de Ollanta Humala al ampliar el valor de las contrataciones sin licitación de tres a ocho UIT, permitiendo que intereses privados se beneficien a través de las consultorías en lugar de los intereses nacionales.
Considera necesario derogar esta norma para que esta excepción solo se utilice para bienes necesarios pero de menor valor. Además, opina que los presidentes de la República y el Congreso también son responsables de estos gastos innecesarios.
En resumen, el gasto en consultorías aumentó de manera constante durante la última década en todos los niveles de gobierno, con pocas excepciones, siendo el Gobierno Nacional el que tuvo el mayor gasto. Este gasto podría haberse utilizado de manera más efectiva en áreas como la salud y la inversión pública, y la norma que permitió esta situación debería ser revisada y ajustada para evitar abusos y malversación de fondos públicos.
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