Durante décadas la Comunidad Sorda en el Perú ha afrontado la vulneración de todos sus derechos buscando que se reconozca el uso de la lengua de señas. Esta lucha se concretó en la Ley que otorgó reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Peruana, en mayo del 2010. Siete años después se estableció el reglamento que la reconoció con el Decreto Supremo N°006-2017-MIMP.
Crédito: comunidad sorda.
La Lengua de Señas Peruana es el idioma de las personas sordas que cuenta con una gramática y sintaxis propias, rica en aspectos culturales. Este idioma se ubica en el mismo nivel que cualquier idioma del planeta. No obstante, no cuenta con la formalidad para aprenderla con la correspondiente acreditación. Las personas que la aprenden, laboran como intérpretes de lengua de señas, pero no la han estudiado como una carrera de interpretación. Esta situación es crítica porque al no existir una acreditación, actualmente existen organizaciones que enseñan la Lengua de Señas Peruana, sin tener el aval correspondiente.
La gravedad de la situación radica en la distorsión que se estaría produciendo debido a que se estarían creando señas que no responden a la Lengua de Señas Peruana. Pero, además tampoco existe el reconocimiento oficial para que una persona sorda asuma el rol de intérprete e incluso enseñe la lengua de señas a un oyente. Siendo su primera lengua, podrían con la respectiva acreditación, enseñarlo, tal y como sucede con otros idiomas enseñados por profesores nativos.
Este tema se suma a la indignación de la Comunidad Sorda debido a que el Congreso de la República aprobó el pasado 14 de octubre, una modificatoria a la Ley de la Lengua de Señas Peruana. Esta modificatoria contiene artículos que atentan contra el ejercicio de la ciudadanía de las personas sordas.
De todas las observaciones, señalaremos tres que nos preocupan. La primera es que se contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrito por el Estado Peruano, debido a que la comunidad sorda peruana no ha sido consultada para la elaboración de esta modificatoria. Se ha violado el artículo 4.3 de este instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La segunda observación corresponde a que no se establece con claridad que la Lengua de Señas Peruana es originaria de nuestro país y, por tanto, el Estado debe garantizar sus derechos lingüísticos, tal como sucede, por ejemplo, con el idioma quechua. Esta falta de claridad abre la puerta para que se considere que las señas creadas por oyentes que se comunican con personas sordas, son parte de este idioma. Inclusive, permitiría que oyentes enseñen señas incorrectas que no pertenecen al idioma de la Lengua de Señas Peruana. Y lo peor es que podrían cobrar por esta enseñanza errónea que atenta contra el idioma de la comunidad sorda.
“La Comunidad Sorda ha estado reclamando desde hace mucho tiempo que la Lengua de Señas Peruana sea reconocida oficialmente como una lengua originaria del Perú y sea incluida en el mapa lingüístico del país, ya que cumple con los criterios lingüísticos y culturales para ser considerada como tal. Sin embargo, esta nueva Ley no aborda este punto crucial, dejando en el aire una cuestión que ha sido motivo de una lucha histórica para nuestra comunidad”, afirma Susana Stiglich, integrante de la Comunidad Sorda.
Jóvenes sordas universitarias junto a la miembro de la comunidad sorda Susana Stiglich han realizado reuniones virtuales para recabar firmas de la comunidad sorda para evitar que se apruebe la autógrafa.
Lo que hemos descrito se suma a la ausencia de una acreditación que avale a las personas que son intérpretes de Lengua de Señas Peruana.
La tercera observación que identificamos es que se otorga al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), la responsabilidad para implementar el Mapa de la Lengua de Señas Peruana, el Registro Nacional de la Lengua de Señas Peruana, el Registro Nacional de Servidores Públicos de la Lengua de Señas Peruana y la Política Nacional de la Lengua de Señas Peruana. Resulta que el MINEDU y el CONADIS no tienen las competencias necesarias para regular o dirigir los aspectos lingüísticos de la Lengua de Señas Peruana. Estas entidades no son organismos rectores en políticas lingüísticas, menos aún, en el caso de la Lengua de Señas Peruana que por su naturaleza lingüística y cultural requeriría contar con la participación activa de la Comunidad Sorda.
La mención al Registro Nacional de Servidores Públicos no se comprende correctamente debido a una redacción que no es clara. Se podría interpretar que se trataría de personal que trabaja en el Estado capacitado en Lengua de Señas Peruana, no obstante, la ausencia de la acreditación dejaría sin efecto este registro.
Frente a esta situación, la Comunidad Sorda se está movilizando a nivel nacional, utilizando videollamadas y han presentado una carta a la presidenta Dina Boluarte pidiendo que no se promulgue la autógrafa y que sea devuelta al Congreso para su mejora. Solicitan que se incorpore una consulta a la Comunidad Sorda. También han escrito al MINEDU, Ministerio de Cultura y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La propuesta de la Comunidad Sorda es la creación de un Consejo Nacional de la Lengua de Señas Peruana que garantice la participación de las personas sordas en este proceso para lograr una real inclusión.
“Proponemos la creación de un Consejo Nacional de la Lengua de Señas Peruana, que incluya representantes de la Comunidad Sorda peruana, junto con los sectores pertinentes del Estado. Este consejo podría garantizar una correcta implementación de estos instrumentos, asegurando que se respeten los derechos lingüísticos de la Comunidad Sorda y se promueva una verdadera inclusión”, sostiene la Comunidad Sorda en un pronunciamiento.
Imagen de @lion.deaf
Las políticas públicas respaldan los derechos de los ciudadanos y les facilitan un marco de acción para el ejercicio de sus derechos. Esta propuesta de modificación a la Ley de Lengua de Señas Peruana limita el ejercicio de los derechos de los ciudadanos sordos porque al no reconocer su idioma y su riqueza, impide que se incluyan plenamente en la sociedad. Es decir, se siguen vulnerando sus derechos como ciudadanos sordos.
Esperamos que esta situación abra una oportunidad para el reconocimiento de los derechos de la Comunidad Sorda junto a una real participación ciudadana en los temas que les afectan. Su voz es una voz ciudadana que clama justicia e inclusión.
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