La deficiente labor de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela Barba ha sumido en un caos total los emblemáticos casos Odebrecht y Keiko Fujimori. Desorden, errores e incoherencias han dilatado los juicios, dejándolos en un limbo judicial que podría durar hasta el 2025. ¡La justicia exige respuestas y resultados!
La ineficiente gestión de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela Barba ha dejado en evidencia la falta de avance en casos emblemáticos como los relacionados con Odebrecht y Keiko Fujimori. Tras varios años de investigación, el caso cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, está sumido en el caos y no se prevé que llegue a juicio hasta el 2025.
Un informe interno elaborado por la especialista judicial Roxana Campos López destaca las deficiencias y desorden en el expediente de Keiko Fujimori, lo que ha llevado a que el juez devuelva en nueve ocasiones la acusación de Domingo Pérez por estar plagada de errores e incoherencias.
Además, hay 67 apelaciones pendientes de resolución, lo que sugiere un retraso considerable en el proceso. La propuesta de tramitarlas de manera independiente se basa en evitar quejas por parte de los abogados de los implicados.
Un segundo informe, encargado también por Roxana Campos a la asistente jurisdiccional Kimberly Lezama Pérez, refuerza la idea de un desorden total en el caso. El fiscal especial José Domingo Pérez presentó una acusación mixta con información incompleta y mal organizada, lo que dificulta la progresión del juicio.
Es alarmante la falta de digitalización de folios y la inconsistencia en el número de investigados, que ha variado a lo largo del tiempo. Todo esto se suma a una serie de escritos que han sido presentados posteriormente por el Ministerio Público, lo que evidencia una falta de claridad en la acusación.
Esta situación pone en entredicho la efectividad y la transparencia del sistema de justicia. Los ciudadanos merecen respuestas y resultados claros en estos casos tan importantes para el país. Es imprescindible que las autoridades competentes actúen con diligencia y responsabilidad para garantizar un proceso justo y oportuno en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El tiempo corre, y la sociedad exige respuestas. No podemos permitir que los casos emblemáticos queden en el olvido o sean víctimas de la burocracia y la negligencia. La justicia debe prevalecer y dar muestras de su eficacia y solidez en cada uno de estos procesos. Solo así podremos avanzar hacia un país más justo y confiable para todos.
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