El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ha proclamado una "batalla contra la corrupción" como continuación de su estrategia de "lucha contra las pandillas" que ha definido sus cuatro años en el poder.
En este sentido, ha revelado sus planes de erigir un centro penitenciario para los corruptos, de manera similar a cómo construyeron uno para los pandilleros, haciendo referencia a la reciente inauguración de una cárcel con capacidad para 40.000 reclusos en febrero. Todo esto ocurre en medio de la confrontación abierta contra las pandillas que comenzó el 27 de marzo de 2022, como parte de un esfuerzo para combatir una oleada de asesinatos.
Además, ha anunciado la intervención de las propiedades del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani Burkard. "Algunos han notado que el señor fiscal no está de nuestro lado, y es porque en este momento está registrando todas las propiedades de Cristiani", afirmó.
"Se trata de una investigación en curso que hasta ahora nos ha permitido descubrir pruebas de un enriquecimiento ilícito e injustificado tanto del expresidente Cristiani como de su núcleo familiar durante su mandato de cinco años", declaró el fiscal Fabio Figueroa, según informó 'La Prensa Gráfica'.
También ha señalado que "la investigación ha demostrado que el expresidente Cristiani se apropió de fondos públicos durante su quinquenio presidencial, en una cantidad inicial de 37 millones de colones (3,9 millones de euros)".
REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA
Bukele también ha propuesto reducir el número de alcaldías de 262 a 44 y el de diputados de 84 a 60, según anunció en un discurso con motivo del cuarto aniversario de su mandato.
Tras esta declaración, ha criticado los gastos en las administraciones, destacando que "muchos alcaldes se dedican únicamente a saquear" y a buscar "su propio beneficio personal", según informó el periódico salvadoreño 'El Mundo'.
Sin embargo, aclaró que los organismos no desaparecerán y que no se despedirá a los empleados municipales. Según indicó, la reducción de municipios disminuirá la carga tributaria y permitirá una distribución de impuestos "más equitativa".
"Se destinarán más fondos públicos a obras y no a nóminas... No se hizo antes porque solo perjudicarían a sus financiadores. Ahora se actúa con valentía y liderazgo. Ahora podrán elegir a mejores alcaldes y también supervisarlos; es más fácil fiscalizar a 44 que a 262", afirmó.
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