El reciente ataque a la minera Poderosa deja nueve trabajadores muertos y sacude al Ejecutivo, mientras el crimen organizado amenaza la principal fuente de ingresos del país. ¿Se tomarán medidas para frenar la creciente violencia en la industria minera?
La empresa minera Poderosa, ubicada en el distrito de Pataz en la sierra de La Libertad, ha sufrido otro ataque, resultando en la muerte de nueve de sus trabajadores el pasado sábado. Fueron emboscados y asesinados con explosivos lanzados por delincuentes. Momentos antes, estos criminales armados ingresaron al socavón, hirieron a un guardia de seguridad y secuestraron a cuatro personas, que fueron liberadas cuando llegó un contingente de seguridad de la empresa. La explosión también dejó a 15 personas heridas, dos de ellas en cuidados intensivos.
Ya en julio, la compañía había alertado sobre la invasión de los llamados 'parqueros', delincuentes mineros que intentan controlar las operaciones mineras con armas y explosivos. Solicitaron urgentemente la intervención de las autoridades para desmantelar estos grupos criminales.
Después de esta tragedia, el Gobierno parece despertar ante la gravedad del problema. Los gremios empresariales han condenado el ataque y exigido una respuesta inmediata del Estado para garantizar la seguridad. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Confiep, ComexPerú, Perú Cámaras, ADEX, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y otras entidades han instado al Estado a actuar y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.
El alcalde de Pataz ha pedido la presencia de la presidenta en la zona, criticando la falta de políticas claras para abordar la situación. El gobernador de La Libertad ha solicitado la intervención del Ejército, mientras que la Defensoría del Pueblo ha condenado la masacre. La ciudadanía en general exige al Gobierno poner fin a estas acciones delictivas que ahuyentan la inversión privada y atentan contra la vida humana.
El ministro de Defensa anunció el despliegue de agentes policiales para resguardar la zona y no descartó enviar un contingente militar. Después de los reclamos, el Gobierno decidió enviar a los ministros del Interior y de Energía y Minas al distrito liberteño.
La Policía informó que siete personas, miembros de la banda criminal La Gota del Norte, fueron detenidas tras el ataque. Están involucradas en minería ilegal, extorsión y sicariato. El ministro de Defensa indicó que la organización Tren de Aragua, de origen venezolano, podría estar detrás del ataque a la minera.
La raíz del problema, según declaró un representante de la minera Poderosa al diario Perú21, se encuentra en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, en lugar de facilitar la formalización, ha servido como escudo de protección para la ilegalidad.
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