Basta un recorrido por los mercados de los distritos de mayor nivel adquisitivo para comprobar el rostro de la noticia que no sale en los medios de comunicación masivos. Adultos mayores vendiendo golosinas o solicitando apoyo económico, durmiendo en la vía pública, sin ropa adecuada y en muchos casos, con la mirada extraviada, sin familiares que se hagan cargo. Cada vez aumentan más y no sólo se encuentran en el Centro de Lima.
Según el estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) denominado “Perú: 50 años de cambios, desafíos y oportunidades poblacionales tendencias demográficas”, tenemos que en el Perú el 13.3% son adultos mayores de 60 a más años de edad. Es decir, 4 millones 441 mil 760 personas son adultos mayores en todo el país. Durante la pandemia, la pobreza de los adultos mayores aumentó de 14,9% en el año 2019 a 18,1% en el 2021, según el mismo informe del INEI. Asimismo, la pobreza monetaria incidió más en los adultos mayores de 80 a más años de edad (21,5%), siendo incapaces de cubrir la canasta básica de consumo. El informe señala que -sólo durante el 2020-, parte de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad ingresó a la pobreza, aumentando los que están en situación de pobreza monetaria, de 17,8% a 18,1%.
Estas cifras alarmantes se pueden corroborar en la realidad. La pregunta es: ¿dónde se ubica la responsabilidad de los gobiernos locales por atender la desprotección en la que se encuentran los adultos mayores que no cuentan con familiares que los protejan?, ¿es digno que, un adulto mayor ejerza la mendicidad para vivir?
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) actúa procediendo a derivar casos a los Centros de Atención para Adultos Mayores (CEAPAM), atendiendo las gestiones de los gobiernos locales que lo solicitan, pero la demanda supera la oferta. Y la realidad es que los gobiernos locales no asumen la responsabilidad de implementar albergues para esta población. Si bien cuentan con Centros de Día, estos sólo atienden la demanda de los adultos mayores residentes de estos distritos que no se ubican en una situación de mendicidad o desamparo. De los 330 centros, sólo 8 son públicos y de ellos, 5 están a cargo del INABIF y los otros 3 a cargo de gobiernos regionales, según cifras del 2022 del MIMP.
Algunos alcaldes han procedido a empadronar a los adultos mayores en situación de mendicidad, pero esta medida no es suficiente para devolver la dignidad a seres humanos que, en su última fase de vida, merecen vivir en paz, el último trecho de su camino.
La Ley N°30947 que crea la Ley de Salud Mental considera que se deben incluir acciones de carácter promocional y terapéutico con enfoque multidisciplinario para el cuidado de la salud mental de poblaciones vulnerables como los adultos mayores. En ese sentido, determinar la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores es una responsabilidad que deberían asumir los gobiernos locales utilizando los recursos de sus contribuyentes para otorgar bienestar a esta población que requiere protección. Un albergue les brindaría vivienda, alimentación, cuidados de salud y atención permanente de acuerdo a sus necesidades. Los adultos mayores que han sido abandonados por su familia o que no cuentan con ella presentan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Necesitan comunicarse, dar y recibir afecto, requieren sentirse valorados como seres humanos y al parecer, esa mirada compasiva no es una práctica de gestión de los líderes políticos que cuentan con los recursos para atenderlos.
Necesitamos humanizar la política con acciones reales que demuestren el genuino interés por atender derechos vulnerados, de lo contrario se seguirá perdiendo el sentido de la vida: vivir y morir con dignidad.
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