31/10/2021 - ContraPoder n.28
No se puede negar que existe un sector ciudadano demandando reformas en la Constitución y otro que pide la convocatoria a una asamblea constituyente en busca de una nueva; por tanto, las fuerzas políticas están llamadas a enfrentar y atender esas demandas legítimas, más allá de las posiciones políticas, doctrinarias e ideológicas.
La mejor manera es iniciar diálogos en todas las instancias posibles, empezando por el Congreso y pasando por el Acuerdo Nacional, que lleve a consensos sobre las controversias y se construya una visión compartida de los temas que deben tocarse respecto al tema constitucional.
Es evidente que el gobierno y el partido que lo sostiene, hacen de la convocatoria a una asamblea constituyente, un caballito de batalla para alcanzar los objetivos de su plan marxista, leninista, maoísta y para “justificar” sus debilidades para gobernar, aduciendo responsabilidad en la vigencia de la actual Constitución.
En su objetivo de agudizar las contradicciones, plantean mecanismos incompatibles con su texto, como el referéndum para lograr la asamblea, la que para empezar, carecería de algo fundamental, la existencia de un “tiempo Constituyente” que exprese la disposición abrumadoramente mayoritaria para elaborar una nueva carta y sobre todo para garantizar que ésta sea de “consenso para el consenso”, como hace 20 años planteaba el Dr. Valentín Paniagua Corazao, a fin de lograr un régimen constitucional duradero.
Considero necesarias las revisiones al capítulo económico, inspirado en una coyuntura de violencia terrorista de los años 90, que generó ausencia de inversiones, y que hoy ya no existe, motivo por el cual se debe aterrizar a nuestra realidad; así como las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que sustentan los pesos y contra pesos, el control político y la delimitación de autonomías; también, precisar y fortalecer los derechos inalienables a la salud, educación, seguridad ciudadana y el rol de Estado-empresa-ciudadanía, de los cuales el Estado no debe claudicar ni someterlos solo al juego de la oferta y la demanda del mercado, menos si no contamos con una verdadera regulación.
Pese a declaraciones oficiales que dicen: “la asamblea constituyente no es prioridad”, el sector que la busca sigue en sus acciones por el referéndum y por otro lado es evidente la necesidad de revisar varios artículos, que de existir sana voluntad, podrían tratarse a través de leyes de reforma constitucional, al amparo de la Ley 27600, plenamente vigente, que ordena al Congreso debatir la reforma constitucional en base a la Constitución de 1979 y la Constitución Histórica. Sería una buena manera de ganar tiempo y tranquilizar a un buen sector de la ciudadanía, en pro de retornar a la predictibilidad y como consecuencia a la confianza.
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